Este miércoles, la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (SG/OEA) presentó el Informe 34 sobre las labores de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP) en el segundo semestre de 2022.

En este, la entidad advierte sobre la reactivación del accionar de los grupos armados ilegales e insta a estos a comprometerse con la política de paz total y cesar los ataques.

El estudio corresponde a los hallazgos obtenidos entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2022, período durante el cual se llevaron a cabo un total de 1.121 misiones en terreno, desarrolladas en 585 centros poblados pertenecientes a 190 municipios de 24 departamentos del país.

MAPP/OEA comienza resaltando que el Gobierno haya establecido la búsqueda de la paz como política de Estado y que se hayan llegado a un acuerdo de alivios humanitarios con el Eln en el primer ciclo de conversaciones, favoreciendo a la subregión del San Juan, en Chocó y la cuenca del río Calima, en Valle del Cauca.

Sin embargo, el monitoreo realizado por la Misión señala que luego de septiembre se reactivaron los enfrentamientos y las actividades de los Grupos Armados Ilegales, GAI, incluyendo paros armados, acciones de control social e imposición de justicia de facto.

“Estas acciones configuran indudablemente un escenario de riesgo para la vida, la libertad, la integridad personal y la seguridad de las comunidades, liderazgos sociales y autoridades étnico-territoriales, firmantes de paz, así como a funcionarios y funcionarias estatales”, se lee en el documento.

Las alertas:

La Misión lanza una alerta especialmente sobre la utilización de minas antipersonal (MAP), municiones usadas sin explotar (MUSE) y trampas explosivas (TE) como recurso de guerra por parte de los grupos armados ilegales “que impiden el retorno de personas en situación de desplazamiento forzado y que, en escenarios de confinamiento, refuerzan los obstáculos de las comunidades para acceder plenamente a sus derechos, a medios de subsistencia y al relacionamiento social”.

El informe indica que las zonas más afectadas por este hecho corresponden al Catatumbo, la costa Pacífica nariñense, Norte del Cauca, Sur de Bolívar, Sur de Caquetá, Sur de Cesar, Urabá y el departamento de Arauca.

Llamado a suspender acciones violentas

Tanto en las zonas urbanas como rurales se requiere emprender un examen riguroso de la política de lucha contra las drogas que conlleve a un ajuste de esta.

Además, la entidad llama la atención por el aumento de la violencia y las hostilidades de estos grupos contra niños, niñas y adolescentes mediante el reclutamiento forzado y las agresiones sexuales ejercidas por estos grupos, tanto en el ámbito rural como urbano.

“Particularmente, se observaron casos de reclutamiento forzado pertenecientes a comunidades étnicas por parte de GAI en Buenaventura, Valle del Cauca”, agrega.

Es por esto que en el informe solicita a los grupos entendidos como el Eln, el ‘Estado Mayor Central’ Farc-Ep, las ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’ (Agc) y la ‘Segunda Marquetalia’ Farc- Ep “a suspender de manera inmediata sus acciones violentas y sumarse al llamado del diálogo”.

Asimismo, la OEA reconoce la urgencia de la puesta en marcha de una estrategia de paz que “busque solucionar las dinámicas de violencia en todo el país“.

“Tanto en las zonas urbanas como rurales se requiere emprender un examen riguroso de la política de lucha contra las drogas que conlleve a un ajuste de esta, teniendo en cuenta que la narcoactividad sigue siendo un factor central en la dinamización de la violencia. Adicionalmente, avanzar de manera articulada con una estrategia de seguridad integral en los territorios, como elementos indispensables para generar condiciones que posibiliten la consecución de la Paz Total”, subraya.

Recomendaciones:

Por lo anterior, la investigación entrega al final 24 recomendaciones dirigidas a más de 18 entidades del orden nacional e invita a que se profundice un diálogo directo con la ciudadanía.

Una de ellas va dirigida al Ministerio de Defensa Nacional, al que recomienda acciones “que eviten el surgimiento, reconfiguración y expansión territorial de los grupos armados ilegales, con el fin de mitigar los impactos de su accionar en la población civil, con especial observancia de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario”.

En cuanto a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, el informe le aconseja “promover procesos de Desminado Humanitario, Educación en el Riesgo de Minas Antipersonal y Asistencia Integral a las Víctimas, para mitigar los riesgos de afectación a la población civil y avanzar en la construcción de estrategias que contribuyan a la descontaminación de los territorios”.

“Hoy, todos los grupos armados ilegales tienen la oportunidad de comprometerse con determinación y congruencia con el momento histórico que vive Colombia, identificando en la política de Paz Total una ocasión propicia para transitar en el camino correcto del diálogo y la no violencia”, afirmó Roberto Menéndez, Jefe de MAPP/OEA.