Jueves, 17 de diciembre 2020
Durante la temporada de aislamiento obligatorio para prevenir el contagio de covid-19 se agudizaron las vulnerabilidades en las zonas donde converge el conflicto armado, la criminalidad, la inequidad y la débil presencia estatal.
Esta es una de las principales conclusiones del vigésimo noveno informe semestral que la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de los Estados Americanos (MAPP/OEA) le presentó este miércoles al Consejo Permanente de la Organización.
El documento, que analizó los primeros seis meses de 2020, evidencia los impactos que tuvo la pandemia no solo en las dinámicas de violencia armada en el país, sino también en la implementación del acuerdo firmado entre el gobierno nacional y las Farc hace cuatro años.
Entre los graves hallazgos que resalta el informe está el aumento de grupos armados ilegales en varios departamentos del país, el reclutamiento forzado de menores (desde los 11 años) por parte de estas estructuras criminales, la violencia contra líderes sociales y excombatientes y la persistencia en la instalación de minas antipersonal, violencias basadas en género, desplazamientos forzados, confinamientos y homicidios.
“La pandemia ha evidenciado los urgentes desafíos que aún persisten en las zonas más apartadas, como son la garantía de derechos, el fortalecimiento de la participación, la priorización de recursos disponibles, la realización de obras y el acceso efectivo a la conectividad y a herramientas digitales”, dijo Roberto Menéndez, jefe de MAPP/OEA.
Condiciones de seguridad
El informe pone de relieve cómo, durante el primer semestre del año, y sobre todo desde que se establecieron las medidas de aislamiento, los grupos armados ilegales aumentaron las acciones de control social y presión sobre la población civil y liderazgos sociales para cumplir con las restricciones. De hecho, señala que en municipios del Cauca se registraron asesinatos contra los pobladores que violaron las medidas.
MAPP también le puso la lupa a las disidencias de las Farc, grupo que durante el primer semestre del año tuvo una mayor actividad bélica, “por encima incluso del Eln, el clan ‘del Golfo’, ‘Los Caparros’ y ‘Los Pelusos’”, dice el documento.
El informe alerta sobre las afectaciones de las disputas territoriales y enfrentamientos entre estos grupos, que han derivado en el desplazamiento forzado o confinamiento de la población civil.
Sin embargo, “valora los esfuerzos y avances del Estado colombiano por mejorar las condiciones de seguridad en los territorios en los que aún se evidencian retos y desafíos para la consolidación de la paz”. En ese sentido, destaca la tendencia decreciente que desde el año 2012 viene registrando el país en cuanto al número de secuestros.
Frente a la dramática situación de ataques contra líderes sociales, defensores de Derechos Humanos, MAPP hizo un llamado a la institucionalidad para que persevere en la construcción e implementación efectiva de la Política Pública para la Protección Integral y Garantías para Líderes Sociales, Comunales, Periodistas y Defensores de los derechos humanos.
De igual forma, el informe expone que hasta el 10 de junio de 2020 se presentaron 239 casos de homicidio, tentativa de homicidio o desaparición forzada a reincorporados de las extintas Farc, por lo cual el mecanismo solicitó fortalecer la respuesta institucional a estos ataques y tomar medidas preventivas para eliminar las violencias contra excombatientes.
Estrategias y el sistema de verdad, justicia y reparación
El informe de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz también le hizo un riguroso seguimiento a las políticas y estrategias que se han implementado para transformar los territorios afectados por el conflicto.
Al respecto, el mecanismo destacó que, durante el primer semestre del año, los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) lograron avanzar en el catastro multipropósito, la adjudicación y formalización de tierras a campesinos y las obras de infraestructura, sin desconocer que sigue siendo un desafío lograr que mejore la percepción de las comunidades respecto del avance de los programas.
MAPP también resaltó la reducción de los cultivos de uso ilícito entre 2018 y 2019, pero hizo un llamado a no descuidar la implementación del PNIS, programa de sustitución voluntaria al que se acogieron 100.000 familias de cultivadores de coca.
Por otra parte, la Misión le tomó el pulso al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR), conformado por la Comisión de la Verdad, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Sobre este tema, subrayó los avances del sistema para verificar el cumplimiento del régimen de condicionalidad de los comparecientes, entre sus mecanismos judiciales y extrajudiciales, así como el esfuerzo de las tres entidades para mantener el ritmo de sus funciones durante la pandemia.
En el marco de la presentación del informe, Menéndez le hizo un llamado al país para hacer sinergias que faciliten la implementación: “Invitamos a los colombianos y colombianas a acercar posiciones, alcanzar y materializar acuerdos, con los efectos transformadores que la realidad exige. La paz completa demanda unidad en la diversidad”.
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