La Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia lanzó desde Washington su más reciente informe semestral en el que incluye las negociaciones en marcha con distintos grupos armados y analiza las situaciones de riesgo que siguen existiendo en los territorios. Mayor control social, liderazgos sociales, participación ciudadana, justicia transicional y tierras entre los puntos centrales.
Este miércoles la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de Estados Americanos (MAPP-OEA) publicó la edición número 34 del Informe del Secretario General al Consejo Permanente. El corazón del documento es el diagnóstico de las negociaciones en marcha que lleva el Gobierno de Gustavo Petro con grupos armados -algunas con miras a una negociación y otras a un sometimiento a la justicia- en lo que se ha denominado la política de Paz Total.
Para esta edición, que comprende el periodo entre el 1° de julio de 2022 y el 31 de diciembre del mismo año, MAPP-OEA hizo una labor de veeduría y monitoreo a los acuerdos mínimos claves para que las condiciones de paz se den, como ceses al fuego bilaterales,alivios humanitarios o fortalecimientos y capacidades de diálogo para que la sociedad civil esté en el centro del fin de las violencias en los territorios.
Según el documento, el Estado Mayor Central de las FARC, la Segunda Marquetalia, las Agc y el ELN han profundizado las afectaciones a los civiles, interfiriendo en modos de vida cotidianos. Por eso, el llamado principal del informe es a cesar las violencias contra la población civil y garantizar la seguridad en los territorios.
Por ejemplo, señalan, que “los grupos armados ilegales fortalecieron y aumentaron la imposición de normas de conducta a la población en algunas zonas del país. En Córdoba, las Agc limitaron el uso de prendas de vestir de color rojo y verde oscuro, y elementos que cubran el rostro como gorras y gafas. En Cauca y Nariño, el Estado Mayor Central FARC-EP exigen una carta de autorización firmada por el comandante del grupo armado ilegal para ingresar a los territorios, que se suma a los requisitos que ya existían de porte del carné y pruebas clínicas sobre enfermedades de transmisión sexual”.
Y así se menciona varias referencias más alusivas a estrategias de control y de imposición de justicias de facto que utilizan los armados para ejercer su poder territorial. No discriminan entre hostigamientos s sectores educativos, comercios, restricciones en movilidad fluvial, entre otras conductas.
Como una de sus grandes novedades, el informe MAPP-OEA -que ya cumple 19 años en el país-, incluyó análisis y hallazgos sobre la resolución de conflictos en zonas urbanas donde, a su ritmo, la Paz Total empieza a tener algún alcance. Puntualmente, hay apartados dedicados a los diálogos con bandas criminales en Buenaventura, Quibdó y Medellín.
El informe, cuya lanzamiento se hizo desde Washington (Estados Unidos), se centra también en la violencia contra menores de edad; afectaciones a liderazgos sociales; control social de los grupos armados; ataques con minas antipersonales (MAP); víctimas de desaparición forzada; medio ambiente para la paz; agenda de mujeres, paz y seguridad; participación ciudadana y diálogo social; apertura de nuevos casos de la justicia transicional; y restitución de tierras.
En el periodo de monitoreo de MAPP-OEA, ha habido violencia diferencial contra niños, niñas y adolescentes (NNA). Esta población no ha dejado de ser reclutada forzosamente por actores armados, quienes ejercen sobre ellos crímenes conexos con sus actividades criminales.
De acuerdo con el informe, “en aquellos territorios que cuentan con cultivos ilícitos o son enclaves productivos para la narcoactividad, los NNA encuentran en la recolección de hoja de coca una opción para adquirir bienes y servicios o para solventar necesidades económicas de sus núcleos familiares, impactando su escolarización y exponiéndolos a riesgos físicos y psicológicos. De ahí que, el contexto facilita y normaliza su interacción con los grupos armados ilegales, incidiendo a que sus proyectos de vida estén ligados a actividades ilícitas”.
Las garantías para los NNA es una obligación para el Estado, donde según MAPP-OEA también debe haber “acompañamiento y seguimiento a los casos que implican el retorno a su medio familiar y la enseñanza de herramientas para la reconstrucción de sus proyectos de vida”.
Roberto Menéndez, jefe de misión de MAPP-OEA dijo desde Washington, en el marco de la sección ordinaria del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, que todos estos esfuerzos para consolidar la paz en Colombia deben contar con “diálogo directo con la ciudadanía y una sociedad informada como factor fundamental para la legitimidad, avance y sostenibilidad de esta meta”.
A su vez, Menéndez dijo que se debe luchar por la autonomía de las expresiones organizadas de la sociedad civil, que vaya de la mano con la “participación armónica de la institucionalidad, y el lamento y rechazo a que los grupos violentos sigan afectando a la sociedad civil”.
Las afectaciones a liderazgos sociales en Colombia apremian las políticas de paz en el país y ese fue otro de los grandes llamados de MAPP-OEA en su informe. Allí resaltaron el papel de los Puestos de Mando Unificados por la Vida (PMUV), instalados por el gobierno, pero invitaron a que en estas campañas de prevención y seguridad hubiera más claridad sobre su alcance.
Esto, porque en los PMUV hay “confusión sobre la naturaleza y el alcance de esta instancia, al igual que su diferencia frente a otras existentes en materia de prevención y protección; la concentración de la convocatoria en algunos sectores sociales, lo cual limita la visibilización de todos los escenarios de riesgo y vulneración existentes”.
Hay coacción y constreñimiento contra líderes y lideresas sociales. Así lo sentenció MAPP-OEA, indicando también que en distintas zonas del país, los ataques de los grupos armados ilegales van dirigidos a acabar con el funcionamiento de los núcleos veredales, desplazar líderes y lideresas (Almaguer, Cauca), enseñarse con voceros indígenas (Awá, en Nariño), obligar a difundir informaciones de interés de los armados (Bajo Cauca, sur de Córdoba y subregión del Urabá), entre otras cosas.
Ante la OEA, delegaciones como la estadounidense, canadiense o argentina, manifestaron desde Washington que seguirán apoyando la Paz Total, los esfuerzos para acabar la violencia en Colombia y la defensa de los derechos humanos en la región. Un punto en común fue el pedido para que desde la sociedad civil haya canales de participación amplios.
Aquí, se destacaron los roles que se cumplieron en los Diálogos Regionales Vinculantes, llevados a cabo entre septiembre y diciembre de 2022, así como las posibilidades de las comunidades en participar en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo.
Los escenarios de movilización social fueron entendidos por MAPP-OEA como espacios importantes y que se mantuvieron vigentes para seguir con los pedidos de seguridad y paz. Allí, según se lee en el documento, hubo manifestaciones de comunidades como la awá, en Nariño, donde hubo “n la exigencia del respeto a la vida e integridad de sus comunidades y al ejercicio de gobierno propio; el fortalecimiento de mecanismos de autoprotección ante el accionar de los GAI; la atención a la situación de desplazamientos forzados de sus territorios colectivos y a la contaminación de fuentes hídricas con derivados del petróleo”.
Los temas de participación y acompañamiento no se quedan exclusivamente en las calles. El diálogo social también se construye desde la institucionalidad y con todas las voces posibles.
Las cárceles, de acuerdo con el documento, también son escenarios de construcción de paz. Justamente allí se están negociando puntos para llegar a acuerdos con bandas criminales urbanas y las políticas de escucha y resocialización son ejes centrales en ese contexto.
De hecho, MAPP-OEA diagnostica y solicita que haya más expresiones en favor de los derechos humanos como los que ha adelantado el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC). Tomaron ese ejemplo par amostrar que desde esa instancia se han “ejecutado acciones institucionales que buscan fortalecer la cultura de derechos humanos con herramientas para el uso correcto de la fuerza, la prevención de la violencia sexual al interior de los establecimientos de reclusión, el derecho a la participación, a la protesta pacífica, a la visita íntima, la garantía de los derechos sexuales y reproductivos”.
Esto va de la mano con las peticiones a la justicia transicional y al Sistema Integral para la Paz en su conjunto, de ser dialógicos, de apelar a la búsqueda de la verdad y de centralizar las voces de los más afectados por el conflicto para trabajar en la no repetición.
Claro, los aprendizajes sobre justicia para una paz total no son lo único que apremian para consolidar la pluralidad en la construcción de paz desde el diálogo. Por eso MAPP-OEA en este informe también aborda la superación de las causas estructurales de la guerra desde el acceso a tierras, los temas de medio ambiente y las agendas de paz y seguridad en torno a las mujeres; esto último desde giros a la agenda legislativa nacional, la adopción del Plan de Acción Nacional de la Resolución 1325 del año 2000 y el impacto de las mujeres como actor determinante en los diálogos de paz con el ELN y aquellos que también entren a la Paz Total.
Las recomendaciones
MAPP-OEA hizo un llamado enfático a seis ministerios del Gobierno Nacional, en el que le pidió a la cartera del Interior claridad sobre los PMUV, capacidades técnicas de delegaciones y seguridad para liderazgos sociales; al Ministerio de Agricultura, por su parte, le recomendó avanzar en la Reforma Rural Integral, mayor veeduría ciudadana en los PDET y trabajar en los planes de formalización de viviendas rurales.
En las recomendaciones a la cartera de Defensa, MAPP-OEA insistió en que se debe “mantener como prioridad la ejecución de acciones que eviten el surgimiento, reconfiguración y expansión territorial de los GAI, con el fin de mitigar los impactos de su accionar en la población civil, con especial observancia de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario”.
A la Oficina del Alto Comisionado para la Paz se le pidió, entre otras cosas, hacerles seguimiento a las zonas contaminadas por minas antipersonas, proteger a la población reincorporada, restablecer el Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia, y fortalecer las capacidades para consolidar políticas de paz.
Hay un sinfín de desafíos más, entre formalizar predios (llamado a la Agencia Nacional de Tierras), descongestionar el represamiento en las salas de la JEP, fortalecer los programas de resocialización en las cárceles e investigar más a fondo los crímenes que sucedan en las regiones. Un cúmulo de recomendaciones hacia una paz a la que la comunidad internacional no deja sola y deposita su confianza para que la gente que ha padecido tanto dolor no viva nunca más lo mismo.
