En su 35° informe semestral, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz reportó luces y sombras: hay persistencia en violencia de grupos armados a civiles, amenazas a pueblos étnicos y reclutamientos, pero se registró una disminución en desplazamientos forzados y la consolidación de algunos procesos en medio de las Paz Total del Gobierno Petro.
Una grave preocupación por la expansión de grupos armados ilegales y, en contraste, avances importantes en la búsqueda de soluciones al conflicto y la violencia tanto en ciudades como en zonas rurales. Esos fueron dos de los panoramas que se registraron durante el primer semestre de 2023, y que fueron recogidos por la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de los Estados Americanos (MAPP-OEA), que lanzó este miércoles desde Washington su trigésimo quinto informe periódico del secretario general al Consejo Permanente.
En el documento se hace un análisis de enero a junio en materia de Paz Total, dinámicas de grupos armados, avances en la construcción de paz en el país, y hallazgos y recomendaciones para que el Estado colombiano cumpla la defensa de derechos humanos frente a sus pobladores que más han vivido una violencia armada que parece incesante.
“En el periodo informado los grupos armados afianzaron su presencia y expandieron su control en diversos territorios del país”, aseguró Roberto Menéndez, jefe de MAPP OEA en Colombia. No obstante, esta misión, próxima a cumplir dos décadas en el país y con extensión de su mandato hasta 2025, nuevamente le dio un espaldarazo a la Paz Total y sus estrategias de diálogo para desmantelar o negociar con los grupos ilegales.
Asimismo, frente a condiciones de seguridad en las periferias del país, este organismo destacó la formulación de la política pública de desmantelamiento de organizaciones criminales. La referencia a esto es clave, pues esa política además de impulsar los esfuerzos de la Paz Total es un avance en la implementación del Acuerdo de La Habana.
Las alertas del informe
Sin embargo, además de la expansión de los grupos, hubo varias otras sombras señaladas por MAPP-OEA, objeto de evaluación para ver cómo va la paz en el país. Como se lee en el informe, en zonas donde los grupos armados ilegales consolidaron su poder “sin que existan disputas entre ellos”, se mantuvieron las afectaciones a civiles y, agregan, a “la limitación al ejercicio de la misionalidad de algunas instituciones locales, como ocurrió en regiones de Caquetá, Guaviare, Meta y Norte de Santander”.
También esta misión aseguró que los grupos armados “afianzaron su presencia y, en algunos casos, expandieron su control territorial, generando desplazamientos forzados, confinamientos, amenazas, homicidios, masacres, secuestros y extorsiones a la población civil en Antioquia, Arauca, Cauca, Caquetá, Chocó, Meta, Nariño, Norte de Santander, Valle del Cauca, Putumayo”.
En ese periodo, entre el 1° de enero y el 30 de junio de 2023, los crímenes mayormente perpetrados por parte de estos actores armados fueron los homicidios, el reclutamiento forzado de menores de edad, las amenazas, los secuestros, las extorsiones, el uso de artefactos explosivos y el desplazamiento forzado, aunque este último, como citan, presentó una disminución del 58 %frente a los mismos meses de 2022.
En Antioquia, Arauca, Bolívar, Caquetá, Cauca, Cesar, Chocó, La Guajira, Nariño y Valle se concentraron la gran mayoría de disputas entre grupos armados ilegales.
Por otro lado, Chocó, Guaviare, Meta, Nariño y Norte de Santander encabezaron las afectaciones a civiles con imposición de paros armados y otras restricciones a su movilidad. Mientras que Antioquia, Caquetá, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Magdalena y Meta agruparon, según MAPP-OEA, la utilización de publicidad y formas varias de coacción para “obtener apoyo a favor de los distintos acercamientos con el Gobierno Nacional”.
