El pasado 28 de julio, MAPP/OEA acompañó a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) en la realización de un taller en la vereda Puerto Matilde (Yondó, Antioquía) acerca del Decreto 902 de 2017, contemplado en el Acuerdo Final de Paz entre el Estado colombiano y las FARC-EP,  por el cual se adoptan medidas para facilitar la implementación de la Reforma Rural Integral.

La socialización, que contó con la participación de habitantes de las veredas Jabonal, San Francisco y Puerto Matilde, tuvo por objetivo que las y los asistentes conocieran el procedimiento para el acceso y formalización de la tierra en los municipios de influencia de la Zona de Reserva Campesina del Valle del Río Cimitarra, además de dar a conocer la creación del Fondo Nacional de Tierras. La actividad se enmarcó dentro del proyecto que ejecuta la ANT, con el que busca formalizar 1.000 predios en los municipios de Yondó (Antioquia), Cantagallo y San Pablo (Sur de Bolívar) en convenio con UNODC, operador del proyecto.

Durante la jornada, las comunidades tuvieron la oportunidad de expresar sus inquietudes sobre la normatividad y el interés de que se aplique. La legalidad de la tenencia y la propiedad de la tierra son de especial importancia, ya que muchas familias de esta zona solo cuentan con los recibos de pago del impuesto predial como prueba de la posesión de los terrenos en donde habitan y cultivan desde hace décadas.

La ANT también aprovechó el espacio para hacer una reflexión sobre los casos cotidianos de violencia de género que afectan a las comunidades. El ejercicio se realizó a través de un violentómetro, una metodología utilizada para identificar comportamientos normalizados que pueden herir a las mujeres, que a su vez midió la gravedad de estas conductas y permitió hacer reflexiones individuales y comunitarias para transformar la realidad vivida por las mujeres y hombres en las veredas más apartadas de la región.

Así mismo, MAPP/OEA apoya el importante esfuerzo de las instituciones de construir espacios a través de los cuales las comunidades rurales puedan obtener información relevante respecto al acceso de tierras y derechos de propiedad.